El Estado tiene el deber de resguardar el orden público y por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos y, desde este punto de vista, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría la vulneración de derechos humanos.

El proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, usualmente llamada “ley Hinzpeter”, entre otras cosas, modifica el delito de desórdenes. Se ha dicho que busca detener el vandalismo y la violencia ocasionada por encapuchados en las marchas estudiantiles, al igual que los saqueos y las tomas violentas. Se ha dicho que la legislación vigente está obsoleta y esa es la razón por la que quienes causan estos hechos de violencia siguen cometiéndolos sin ser detenidos ni juzgados, y que por ello este proyecto de ley es necesario: para detener la violencia en el contexto de las manifestaciones.

Esta argumentación es discutible desde varios puntos de vista. Aquí nos enfocaremos sólo en uno, que es el que ha hecho presente Amnistía Internacional en la carta enviada a las y los parlamentarios/as: la mirada de los derechos humanos.

Partimos desde el reconocimiento de que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos y, desde este punto de vista, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría la vulneración de derechos humanos.

La aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría una protección desproporcionada de la noción de orden público.

De acuerdo al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún momento define el concepto de “desórdenes”.

Es cierto que el orden público es reconocido como límite a la libertad de asociación y de expresión, pero ese límite debe cumplir con un “test” de 3 partes: debe estar establecido por ley, debe tener un propósito legítimo y debe ser demostrablemente necesaria y proporcional para el logro de ese propósito. Más aún, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que las restricciones nunca pueden ser tan extensivas como para poner en entredicho el derecho mismo.

Cualquier protesta pública, incluso cuando es pacífica, probablemente cause una perturbación a la libre circulación de personas, por la sola naturaleza de la actividad. Quienes protestan están haciendo un uso del espacio público tan legítimo como el de las personas que quieran pasar por ahí. Desde esta perspectiva, el texto pasa a ser sumamente cuestionable: criminalizar cualquier perturbación asociada a este tipo de reuniones que bloquean el tráfico resulta desproporcionado y puede minar la esencia del derecho de reunión en sí mismo.

La aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría que podrían criminalizarse hechos de protesta que no son más que el ejercicio de derechos humanos.

La misma pena de hasta 3 años de cárcel podría aplicarse a conductas tan disímiles como el participar en una marcha pacífica que interrumpa el tránsito o el bloquear el tránsito con violencia; el participar de una toma de un establecimiento o el saquear dicho establecimiento. Llevado al extremo, quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas. Incluso, quien en Twitter promueva la participación a una marcha que impida la libre circulación – y sabiendo que lo probable es que cualquier marcha impida la libre circulación – podría cometer delito e incurrir en las mismas penas.

Sin embargo, una marcha pacífica, detener el tránsito con pancartas, manifestarse en la vía pública, promover estos actos en redes sociales, constituyen un ejercicio de derechos humanos. Transformar el ejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las maneras más graves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en vulneración directa de los tratados de derechos humanos que el propio Estado de Chile ha ratificado, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” daría una señal que apunta hacia restringir los derechos a la libertad de expresión y asociación.

Resulta preocupante que la presentación del proyecto “Ley Hinzpeter” viene a coronar una serie de preocupaciones vinculadas con el respeto a los derechos humanos involucrados en la protesta social.

Ya se había manifestado preocupación respecto de las denuncias de violencia policial en Chile, tanto en la disuasión de manifestaciones, como también tras la detención de los manifestantes. Estas denuncias han provenido – en muchos casos – de personas que se estaban manifestando pacíficamente y que han visto en este tipo de conductas un mecanismo que busca coartar su derecho a manifestarse y que han quedado en completa impunidad.

El proyecto de “Ley Hinzpeter” parece apuntar justamente hacia continuar coartando ese derecho. Más aún, la falta de claridad del tipo penal implica que las personas difícilmente podrán saber qué conducta en el contexto de una manifestación será punible y cuál no, pudiendo ello conllevar a limitaciones a la esencia misma del derecho a la libertad de expresión y reunión.

Nuevamente, partimos del reconocimiento de que es necesario mantener el orden público y detener a quienes estén cometiendo hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones, pero una ley como ésta resulta claramente desproporcionada para estos efectos. Para detener a un grupo pequeño de personas cometiendo desmanes, no es necesario ni proporcional, arremeter con el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos contra todos quienes están marchando pacíficamente e incluso los vecinos del sector. Para castigar de manera más efectiva a quienes causen desmanes, no es necesario ni proporcional, criminalizar a quienes se manifiestan legítimamente.

No se pueden eliminar los desmanes intentando eliminar por completo las manifestaciones y dejando en la impunidad las denuncias de violencia policial. Hay que detener a la minoría que causa los desmanes, pero dentro del marco del pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Columna publicada en blogs del diario La Nación.